Fallo Argentina vs. Fondos Buitres para el lunes

La gran final que enfrenta a la Argentina contra los buitres se pasó en principio para el lunes, cuando la Corte de Estados Unidos decidirá si acepta tomar el litigio, cuyo resultado marcará un antes y un después para el país en lo político y económico.

¿Cómo está la previa al match? El Gobierno K había solicitado que sea revisada la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York -conducida por el Juez Tomas Griesa- por la que se condenó al país a abonarle u$s1.330 millones a los tenedores de deuda impaga.

Esa deuda surgió como consecuencia del default de 2002 y beneficia a aquellos bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, en los que se pactó una quita de hasta un 66% del capital.

Los llamados holdouts optaron por litigar y representan cerca del 5% del total de dicha deuda.

El resultado de la disputa se conocerá el lunes y marcará si la Argentina gana, pierde o logra un empate:

"Gana" si la Corte de Estados Unidos toma el caso. "Pierde" si lo rechaza (y queda firme la condena del juez Griesa). Pero también festejará si logra un "empate" que obligue a "ir al alargue".

¿Qué significa ir al alargue?. Que la Corte se abstenga de pronunciarse sobre si tomará o no el caso argentino y decida hacer una consulta adicional al gobierno estadounidense, en la figura del procurador general (Donald Verrilli).
Esto implica para el país ganar tiempo, algo que resulta fundamental.
¿Y por qué es importante que gane tiempo? Tal como ya diera cuenta iProfesional, porque hasta el 31 de diciembre de este año tiene "prohibido" negociar con los holdouts, según los términos y condiciones de los acuerdos suscriptos en los canjes previos.

Es decir, se ve impedido de ofrecerles mejores condiciones a las pactadas con los que sí aceptaron años atrás la propuesta del Gobierno K.

Pero, pasada esa fecha, tiene "vía libre" para hacerlo y así tratar de resolver el litigio con los buitres.

Argentina quiere el alargue
Lo cierto es que el resultado en los Estados Unidos se conocerá este lunes 16 de junio, un horas después de que Messi y la Selección renueven en Brasil las ilusiones de los argentinos.

En estos momentos, en el Gobierno k hay cierto optimismo por lo que vaya a suceder en EE.UU. Una de las alternativas que prevé es que finalmente se le pida al Procurador General estadounidense que dé su opinión.

En este caso, se atrasaría varios meses el plazo para cancelar el pago ante los holdouts por u$s1.330 millones y se reduciría el riesgo de que el resto de los poseedores de títulos demanden al país por una cifra diez veces mayor (u$s15.000 millones).

El procurador norteamericano no cuenta con un plazo formal para entregar su informe, pero normalmente lo hace en los meses de agosto, diciembre o mayo.
Una vez que lo presente, los demandantes cuentan con un plazo breve para enseñar su defensa. Y, al poco tiempo, la Corte Suprema puede dar a conocer su decisión.

En definitiva, sería recién para junio de 2015, lo que para la Argentina de hoy en día significa toda una eternidad.

El estadio, con público en contra
El Gobierno intentó por todos los medios extender el plazo de la resolución hasta 2015.
¿Por qué? Porque vence la llamada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), la cual les otorga a todos los tenedores de títulos el derecho de poder lograr mejoras si la Argentina pacta mejores condiciones a las ofrecidas en los canjes de 2005 y 2010.
Pero a partir del primero de enero de 2015, los bonistas que se adecuaron a la reestructuración de deuda perderían la posibilidad de realizar un reclamo.
"Para el inversor que apostó a los bonos y aceptó en su momento una quita de más del 60% de la deuda, esto sienta un precedente muy malo, porque perdió mucha plata y encima se le paga a 30 años. En cambio, al Club de París y a los fondos buitres se les cancelaría su deuda en un lapso menor", señala un operador del mercado.

"El estiramiento de los plazos resulta clave para la Argentina", puntualiza Rubén Pasquali, analista de mercados de Mayoral.

En sí, la deuda con los holdouts por unos u$s1.300 millones no es lo que más le preocupa al Gobierno, sino una orden judicial que obligue a pagarle a los buitres antes de fin de año, ya que este escenario daría lugar a una catarata de reclamos por parte de los otros bonistas por una cifra más de diez veces superior.

Para Pasquali, "difícilmente la Corte estadounidense acepte el caso argentino o resuelva a su favor". Esta probabilidad, a ojos de los analistas, es muy baja. Hace pocos días, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, afirmó que el gobierno de Barack Obama "no se colocará" del lado de la Argentina, en caso de que el máximo tribunal requiera una opinión.

De los u$s1.300 millones que hay en disputa, u$s800 millones se vinculan con el fondo NML Capital, una filial de Elliott Management Corp., cuyo propietario es el multimillonario Paul Singer.

"Durante casi una década, la Argentina ha desafiado abiertamente a docenas de resoluciones y sentencias de los tribunales de los Estados Unidos", expresó su abogado.

Y agregó que "la Corte Suprema no debe escuchar la apelación de un país que se niega a acatar las sentencias del máximo tribunal".

Cuatro escenarios ante una derrota
Una alternativa que se baraja es que el fallo resulte adverso. Esto generaría que se levante el "stay" -freno para pagarle a los holdouts- y que los acreedores apelen a la clausula Rufo.

Argentina ya tiene dos fallos en contra, en primera y segunda instancia, en los Estados Unidos. De modo tal que -de sumar una resolución contraria de la Corte Suprema- se verá obligado a pagarle a los buitres antes de 2015.

En este caso (el de una "derrota"), existen estas posibles acciones:

1. Pagar
La primera es pagarles absolutamente todo a los demandantes, situación difícil de concretar, ya que sumaría el reclamo de los otros tenedores de deuda por una cifra diez veces mayor.

Cabe recordar que Cristina Kirchner ya dijo que no le darían trato preferencial a los holdouts y que el país no tiene los dólares suficientes para hacer frente a semejante ola de demandas.

2. Ganar algo de tiempo
Otra es pedir un "alargue", solicitando que sea reconsiderado el veredicto adverso (pedido de rehearing).

En este caso, se contaría con 25 días para presentar la última apelación. Si bien el Tribunal Supremo siempre rechaza este tipo de peticiones, esto le permitiría ganar tiempo al país y postergar el default frente al próximo vencimiento de pago, que tendrá lugar el 30 de junio.

3. No pagar e ir a default
Otra alternativa es la de forzar nuevamente un default y proponer un nuevo canje de todos los bonos.

Es decir, de los originales (que mantienen en su poder los holdouts) y de los que fueron entregados a los que sí aceptaron los dos canjes previos (el 95%).
En este caso, la jugada del estudio de abogados que representa al país es mostrar a la Argentina como "víctima" de la intransigencia de la justicia estadounidense. Sería un "default ordenado por las cortes".

En consecuencia, la Nación "no se encontraría bajo ninguna restricción legal que le impida reestructurar la totalidad de la deuda en default, tanto la vieja como la nueva".

Si Argentina decide no pagar, "tiene una opción para poder salir del problema: intentar acordar con algunos tenedores a través de una jurisdicción que no sea la de Nueva York", es la visión del abogado Eugenio Bruno.

No obstante, este proceso es sumamente engorroso. "Requiere un consentimiento del 85% del capital -con un mínimo de 66% en cada serie- y que la Corte de Apelaciones no bloquee este intento bajo la figura del desacato", aclara Bruno.

4. Pagar aun sin consentimiento
Otra alternativa, en caso de un revés judicial, es seguir pagándoles a los que habían aceptado la propuesta de canje incluso sin consentimiento.
Podría "pagar sin consentimiento lo que requiere la decisión de cobrar de parte de los acreedores, si bien los bonos quedarán vigentes en Nueva York", dicen desde el Estudio Garrido.

El problema es que con un fallo completo negativo podría haber un default de pago (no técnico) si esto no se soluciona a tiempo.

Un dato para no descuidar lo aporta Pasquali, que afirma que "las nuevas clausulas de emisión de deuda de otros países son distintas a las que Argentina aplicó en su momento, por lo que un fallo negativo de la corte de EE.UU. "no afectaría en los precedentes mundiales".

Los canjes anteriores
La que en 2005 se denominó "propuesta de Buenos Aires" se basó en una quita original del 75% que, en la práctica, resultó ser de entre el 63% y 45%.

A cambio de los títulos impagos, el Gobierno ofreció tres nuevos bonos:

• Bono Par: sin quita del capital original, con un interés inicial del 1,33% que subiría hasta alcanzar el 5,25%. El plazo de vencimiento es a 33 años (en el 2038).

• Bono Cuasi Par: incluía una reducción del 30% del capital, con un interés del 3,31%, ajustable por CER a 30 años de plazo.

• Bono Discount: implicaba una quita del 66%, con un interés del 8,28% y un plazo de 28 años (vencimiento en el 2033).

A estos se sumaron los cupones atados al PBI, que pagan renta en función del crecimiento de la actividad económica del país.

Como resultado, se renegoció el 76% del monto adeudado, por un total de u$s62.500 millones de valor nominal, canjeados por nuevos títulos por un valor (nominal) equivalente a u$s35.300 millones.

Una vez concluida la reestructuración, el Congreso sancionó la ley 26.017 o "Ley cerrojo" por la que se prohibió al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de negociación.

Esto implicaba que la oferta no podía ser modificada o mejorada. Tampoco sería permitido efectuar cualquier transacción judicial, extrajudicial o privada.
Posteriormente, en abril de 2010, se lanzó el segundo canje. La oferta final indicaba que Argentina terminaría pagando u$s10.500 millones en lugar de los u$s20.000 millones que se adeudaban.

Un pasado y presente llamado Griesa
El juez Thomas Griesa, de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York ordenó al Gobierno argentino, en noviembre de 2012, pagarle a todos sus acreedores, más allá de si estos habían aceptado o no reestructurar su deuda.

El magistrado convalidó la posición de los fondos buitre respecto a que la Argentina violó la cláusula de "igual tratamiento" (pari passu), al ignorar a los bonistas que no entraron al canje.

Su polémico fallo se basó, curiosamente, en una cláusula incluida en las condiciones de emisión de los bonos en el año 1994, según las cuales todos los acreedores deberían ser tratados en pie de igualdad.

Es decir, establece que "ninguna oferta posterior podría ser mejor que las anteriores". En consecuencia, una reestructuración sólo sería posible si todos los acreedores muestran su conformidad.

En abril de 2013, los holdout rechazaron la propuesta argentina para cancelar la deuda y exigieron que se les abone la totalidad de los u$s1.300 millones.
En ese contexto, el Gobierno les había ofrecido un bono Par a 25 años de plazo (con tasas de hasta el 5,25%) y un bono Discount (con vencimiento en 2033 y 8,25%).

Por lo pronto, ahora la mira está puesta en el partido que juega la Argentina contra los buitres, en un campo de juego complicado.

No busca un triunfo, sabe que es muy difícil. No lo tiene a Messi, quizá cuenta con alguna ayudita del Papa tras su encuentro con Obama. Su estrategia es la de ganar tiempo y evitar un resultado negativo que implique que el país pierda dólares por goleada.