Fallo Ana Cristina Santucho c/Nación
Argentina s/Acción de Amparo – Hábeas Data
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Ana Cristina Santucho c/Nación Argentina s/Acción de Amparo –
Hábeas Data
Buenos Aires, 31 de agosto de 1999.
Autos y Vistos;
Considerando:
1 ) Que a fs. 2/6 Ana Cristina Santucho, por derecho propio, inicia "acción
de amparo de habeas data, prevista en el artículo 43 de la Constitución
Nacional contra el Estado Nacional y/o el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires y/o el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dirigida a obtener
información o datos sobre su padre Mario Roberto Santucho". Relata
que "como consta en los recortes periodísticos que en fotocopia
adjunta, el 20 de julio de 1976 se publicó que su padre fue, supuestamente,
'abatido' en un procedimiento realizado...el 19 de julio, en su domicilio de
Villa Martelli". Afirma que a pesar de las gestiones realizadas "por
familiares y amigos de su padre, hasta la fecha no se ha podido confirmar la
versión, a pesar de haber pasado 20 años...". Relata que
"tampoco logró la entrega del cadáver para darle una digna
sepultura, si esto fuera cierto, o saber cuál fue su destino...".
En su mérito "articula este mecanismo jurídico, incorporado
a la Constitución Nacional en la reforma de agosto de 1994, para lograr
la información que sobre el destino de su padre" pudiesen tener
los diversos organismos, a los que hace referencia, pertenecientes al Estado
Nacional o a la Provincia de Buenos Aires (fs. 2/3).
2) Que el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal N9 12, por intermedio de la Secretaría N9 23, dio trámite
a la presente acción y requirió los diversos informes de que dan
cuenta estas actuaciones. Con relación alas respuestas suministradas
la interesada planteó distintas impugnaciones. Asimismo, los pedidos
formulados por el juez interviniente trajeron aparejado que a fs. 53/55 se presentase
en autos el Estado Nacional, y que a fs. 70/75 hiciese lo mismo 1a Provincia
de Buenos Aires. En esa ocasión, esta última opuso excepciones
de incompetencia y de falta de legitimación activa y pasiva, posiciones
que determinaron, en definitiva, que a fs. 99/101 la Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmara
la declaración de incompetencia del juez interviniente, sobre la base
de la cual se estableció que la pretensión incumbía a la
jurisdicción originaria de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación
según lo previsto en el art. 117 de la Constitución Nacional.
A dichos fines sostuvo que el presente se trata de una "causa civil"
suscitada entre una provincia y vecinos de la Capital Federal; y que "el
concepto de causa civil no requiere que exista conflicto sino que debe entenderse
en general que alude a los procesos en que se deba- ten cuestiones de derecho
privado". También afirmó, entre los demás fundamentos
que sustentaron la confirmación del fallo de primera instancia, que "en
la medida en que el habeas data constituye una garantía que permite a
todos los habitantes acceder a las constancias de los archivos y controlar su
veracidad, protegiendo de esa forma el derecho al honor ya la privacidad o intimidad
de las personas, se está en presencia de una 'causa civil', en los términos
de la doctrina del Alto Tribunal..." (ver fs. 99 vta.).
3) Que, por las razones y fundamentos que seguidamente se ex- pondrán,
la presente causa no corresponde a la competencia originaria de esta Corte Suprema
de Justicia de la Nación prevista en el art. 117 de la Constitución
Nacional.
4) Que, en el caso, si bien es cierto que al haberse dirigido la acción
contra el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires, la única manera
de conciliar las perrogativas del primero al fuero federal y del Estado provincial
a la competencia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional
sería sustanciando la acción ante esta instancia (Fallos: 305:441;
312:389; 313:98; 315:1232, entre muchos otros); también lo es que ineludiblemente
y en forma previa allegar en su caso a esa conclusión se debe determinar
si resulta procedente la acumulación subjetiva que intenta la actora,
ya que sólo si la respuesta es afirmativa la causa corresponderá
a la competencia originaria de esta Corte.
Soslayar ese paso, aceptando implícitamente, y sin razón suficiente
conforme se expondrá, algún punto de conexión entre los
reclamos podría traer aparejado que se alterase el principio constitucional
según el cual la jurisdicción originaria es insusceptible de ser
ampliada o restringida (Fallos: 270:78; 271:145; 280:176 y 203; 302:63; arg.
causa S.25 XXIII "Sucesión de Rosa Cosenza de Varela y otro c/ Provincia
de Buenos Aires si cobro de australes", sentencia del 5 de noviembre de
1991; Fallos: 316:772).
Tal como lo sostiene el Estado provincial es imprescindible decidir inicialmente
"si median o no razones que justifiquen tal acumulación", ya
que si no las hay deberán remitirse "las actuaciones que correspondan
para que tramiten ante la justicia local. Si, en cambio, la C.S.J.N. entiende
que sí hay razón para acumular las acciones, el Alto Tribunal
debe asumir su competencia. Es evidente que de ningún modo aquella acumulación
adoptada por la actora, puede conducir a que la Provincia sea sustraída
de sus jueces naturales" (ver fs. 71/ 71 vta., punto 5 del escrito referido).
5) Que la acumulación subjetiva de pretensiones se justifica fundamentalmente
por la necesidad de conjurar el riesgo de decisiones contradictorias y el consiguiente
escándalo jurídico que originaría el tratamiento autónomo
de pretensiones que se encuentran vinculadas por la causa o por el objeto de
la pretensión. Mas esa situación no es la que se presenta en el
sub lite.
6) Que, en efecto, en la medida en que la presente acción está
"dirigida a obtener información o datos sobre el destino de Mario
Roberto Santucho", que pudiesen tener los diversos organismos a los que
hace referencia, pertenecientes al Estado Nacional o a la Provincia de Buenos
Aires (fs. 2/3), y, en su caso, a obtener la consiguiente rectificación,
el Tribunal no advierte cuál es la conveniencia o necesidad de que las
pretensiones se acumulen ante un único juez. No se vislumbran razones
q\le justifiquen la adopción de tal temperamento en la medida en que
la naturaleza de la acción intentada impide considerar que exista la
posibilidad de que se dicten pronunciamientos contradictorios. Es obvio que
los pedidos de informes no traerán aparejada nunca esa con- secuencia,
y, en su caso, si algo hubiere que rectificar el juez que intervenga lo hará,
sobre la base de los datos que le den los organismos locales o federales, según
el caso, en la órbita de su jurisdicción.
7) Que no es un impedimento a la conclusión antedicha que el Estado provincial
sostenga que en la época en la que se configuraron los hechos que motivan
la interposición de este "habeas data" el gobierno provincial
"como sus fuerzas de seguridad actuaban en relación de total dependencia
y subordinación a las instrucciones impartidas por la Junta Militar de
facto, y por ello, todo acto u omisión es exclusivamente imputable y/o
atribuible a la Nación y no a la Provincia" (ver fs. 71 segundo
párrafo). La acción perseguida no tiene por finalidad establecer
o delimitar responsabilidades con relación a ese accionar, sino determinar
si en los "organismos públicos" existentes en la actualidad,
y dependientes de cada uno de los Estados a los que se pide información,
existen datos relacionados con el destino o paradero de Mario Roberto Santucho.
8) Que, establecida entonces la improcedencia de la acumulación subjetiva,
es necesario determinar si la acción dirigida contra la Provincia de
Buenos Aires debe tramitar ante la jurisdicción originaria de esta Corte
en mérito ala distinta vecindad denunciada a fs. 2, o si, por el contrario,
deben conocer en ella los jueces locales.
Esta necesidad la impone el pedido de que se remitan "las actuaciones que
correspondan para que tramiten ante la justicia local..." (ver fs. 70/75;
confr. considerando 4Q de esta decisión en su último párrafo),
y el propósito de evitar la profusión de trámites jurisdiccionales;
situación que va en desmedro del principio de economía procesal
y del buen servicio de justicia. De tal manera se impide la perduración
de situaciones que de mantenerse en el tiempo podrían llegar a configurar
un caso de privación jurisdiccional para una y otra parte (arg. Fallos:
310:2842; causa C.1635 XXXI "Caja Complementaria de Previsión para
la Actividad Docente c/ San Luis, Provincia de -Poder Ejecutivo- s/ ejecutivo",
pronunciamiento del 16 de marzo de 1999).
9) Que el objeto de la jurisdicción originaria de la Corte en razón
de la distinta vecindad de las partes litigantes con la provincia, no es otro
que darles a los particulares garantías para sus reclamaciones, proporcionándoles
jueces que se encuentren al abrigo de toda in- fluencia y parcialidad. Mas ello
encuentra su límite en el respeto al principio constitucional que consagra
la autonomía de los Estados provinciales, de manera de no perturbar su
administración interna (Fallos: 14:425).
10) Que, por tal circunstancia, sólo procede en tal caso cuando ala condición
de vecino de otra provincia se une el requisito de que el litigio asume el carácter
de "causa civil"; el que ha sido atribuido a los supuestos en los
que la decisión a adoptar torna sustancialmente aplicables disposiciones
del derecho común, entendido como tal el que se relaciona con el régimen
de legislación contenido en la facultad del art. 75, inc. 12, de la Constitución
Nacional.
Por el contrario, quedan excluidos de tal 0jurisdicción los casos que
requieren para su solución la aplicación de normas de derecho
público local o el examen o revisión en sentido estricto ( énfasis
agregado) de actos administrativos de las autoridades provinciales, o legislativos
de carácter local (Fallos: 301:661; 310:1074, entre muchos otros).
11) Que, en el sub examine, el Tribunal no comparte la afirmación efectuada
por la mayoría de10s integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la resolución
dictada a fs. 99/101, en el sentido de que en el sublite se está en presencia
de una causa civil en tanto el "habeas data" constituye una garantía
que protege "el derecho al honor ya la privacidad o intimidad de las personas"
(considerando 3Q, tercer párrafo).
La circunstancia de que el Tribunal se encuentre ante una acción que
tiene como fundamento y finalidad el resguardo de importantísimos valores,
tales como la igualdad, la intimidad y el honor, entre otros, no lleva necesariamente
a concluir que se esté en presencia de una "causa civil" en
los términos que, como ha quedado expuesto, esta Corte le ha asignado
a ese concepto.
En efecto, la situación jurídica de la persona a tutelar se relaciona
en el sub lite con el ejercicio de la función administrativa y los registros
o bases de datos que pertenecen a la autoridad pública. Ello de- termina
que se esté ante un caso en el que toda la actividad judicial a realizarse
en lo que respecta a la acción entablada contra la Provincia de Buenos
Aires- se vinculará, tanto en el procedimiento como, en su caso, en la
etapa de rectificación, con datos o actos administrativos llevados a
cabo por autoridades públicas del Estado provincial o que se encuentran
bajo la jurisdicción directa de ellas. Estas circunstancias imponen que
el proceso no deba tramitar en la instancia prevista en el art. 117 citado,
con el propósito de resguardar el respeto debido a las autonomías
provinciales reservando a sus jueces el conocimiento y decisión de los
procesos que, en lo sustancial, versan sobre aspectos propios de la actividad
de la administración pública local. Ello sin perjuicio de que
las cuestiones federales que también puedan comprender estos procesos
sean susceptibles de adecuada tutela por vía del recurso extraordinario
previsto en el art. 14 de la ley 48 (Fallos: 311:1597).
12) Que sólo restaría indagar si corresponde admitir la radicación
de las actuaciones en la instancia en examen por tratarse la propuesta de una
cuestión estrictamente federal. !
Resulta propicio señalar que la competencia establecida por el art. 117
de la Constitución Nacional procede en razón de la materia en
la medida en que la pretensión se funde exclusivamente en prescripciones
constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso, o en tratados,
de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa
(Fallos: 115:167; 122:244; 292:625; 311:1588); mas no basta para surtir el fuero
federal la única circunstancia de que, como sucede en el caso, los derechos
que se pretenden hacer valer se encuentren garantizados por la Constitución
Nacional.
13) Que, tal como se sostuvo en Fallos: 306:1363, "...si bien el presupuesto
necesario de la competencia federal...ratione materiae estriba en que el derecho
que se pretende hacer valer esté directa e inmediatamente fundado en
un artículo de la Constitución, de la ley federal o de un tratado
(v. Fallos: 10:134; 43:117; 55:114;... 302:1325), una causa no es de las especialmente
regidas por la Constitución a las que alude el artículo 211, inc.
12, de la ley 48, si no está en juego la inteligencia de una cláusula
constitucional (Fallos: 28:93...). Y, en relación con tal principio,
se ha determinado que la violación de las garantías constitucionales
relativas a la propiedad, libertad y vida de los habitantes de la República
no sujeta, por sí sola, las causas que de ella surjan, al fuero federal
(Fallos: 10:20), principio éste afirmado tanto en juicios de habeas corpus
(Fallos: 21:73 y 26:233) como de amparo, con mención de la defensa enjuicio
(Fallos: 154:5, en especial cons. 32, pág. 13)...Esta doctrina se asienta
en las razones expresadas en el citado precedente de Fallos: 21:73...las garantías
que la Constitución Nacional acuerda a la vida, propiedad y libertad
de los habitantes de la República, deben respetarse y hacerse efectivas
por ambos Gobiernos Nacional y Provincial, con entera independencia pues de
la contrario, el Gobierno Nacional sería superior al Provincial y la
Justicia Nacional tendría que rever los actos de las autoridades de Provincia,
siempre que se alegase que éstos habían violado en sus procedimientos
algunas de esas garantías; pero evidentemente esto contrariaría
y destruiría el sistema de Gobierno establecido por la misma Constitución
y por esta razón la interpretación constante que se ha dado a
los artículos de la Constitución, que acuerdan esas garantías,
es que ellos no constituyen a los jueces nacionales en autoridades superiores
para re- parar cualquier violación de ellas, sino que estos sólo
tendrán jurisdicción cuando sean violadas por o contra una autoridad
nacional".
14) Que debe concluirse entonces que la pretensión interpuesta contra
la Provincia de Buenos Aires, aun cuando se sustente en la garantía consagrada
en el art. 43 de la Constitución Nacional, no surte la competencia originaria
de esta Corte en razón de que ala finalidad perseguida no cabe asignarle
el carácter de cuestión estrictamente federal. No está
en juego la inteligencia de la cláusula constitucional, y la causa comprende
también, como ha quedado ex- puesto (considerando 12), aspectos propios
de la jurisdicción local (arg. Fallos: 318:992).
Por ello se resuelve: I.- N o hacer lugar a la acumulación subjetiva
de acciones pretendida por la actora;
11.- En su mérito no admitir la radicación de estas actuaciones
en la jurisdicción originaria de este Tribunal;
1II.-Hacer saber a la actora que, en lo que se refiere a la acción interpuesta
contra la Provincia de Buenos Aires deberá ocurrir por la vía
y forma correspondiente. A tales efectos, y en virtud de los fundamentos expuestos
en el considerando 82 de este pronuncia- miento, se deberán extraer fotocopias
certificadas de estas actuaciones y remitirlas para su sorteo a la cámara
de apelaciones correspondiente, junto con la documentación agregada por
el Estado provincial con su presentación de fs. 70/75;
IV.- En atención a la forma en que se decide, y por tratarse de una cuestión
novedosa, imponer las costas en el orden causado, con relación a la excepción
de incompetencia interpuesta a fs. 71 punto 5 (arts. 68 segundo párrafo
y 69, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación}. Notifíquese
y devuélvase junto con la documentación acompañada que
se encuentra reservada en la secretaría.
JULIO S. NAZARENO -EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR -CARLOS S. F AYT - AUGUSTO
CÉSAR BELLUSCIO (según su voto) -ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI -ANTONIO
BOGGIANO -GUILLERMO A. F. LOPEZ (su voto) - GUSTA VO A. BOSSERT (por su voto)
-ADOLFO ROBERTO V AZQUEZ.
VOTO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES
DON AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO, DON GUSTAVO A BOSSERT
y DON GUILLERMO A. F. LÓPEZ
Considerando:
1) Que a fs. 2/6 Ana Cristina Santucho, por derecho propio, inicia "acción
de amparo de habeas data, prevista en el artículo 43 de la Constitución
Nacional contra el Estado Nacional y/o el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires y/o el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dirigida a obtener
información o datos sobre su padre Mario Roberto Santucho"o Relata
que "como consta en los re- cortes periodísticos que en fotocopia
adjunta, el 20 de julio de 1976 se publicó que su padre fue, supuestamente,
'abatido' en un procedimiento realizado..el 19 de julio, en su domicilio de
Villa Martelli". Afirma que a pesar de las gestiones realizadas "por
familiares y amigos de su padre, hasta la fecha no se ha podido confirmar la
versión, a pesar de haber pasado 20 añoso..". Relata que
"tampoco logró la entrega del cadáver para darle una digna
sepultura, si esto fuera cierto, o saber cuál fue su destino...".
En su mérito "articula este mecanismo jurídico, incorporado
a la Constitución Nacional en la reforma de agosto de 1994, para lograr
la información que sobre el destino de su padre" pudiesen tener
los diversos organismos, a los que hace referencia, pertenecientes al Estado
Nacional o a la Provincia de Buenos Aires (fs. 2/3).
2) Que el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal N2 12, por intermedio de la Secretaría N2 23, dio trámite
a la presente acción y requirió los diversos informes de que dan
cuenta estas actuaciones. Con relación a las respuestas su- ministradas
la interesada planteó distintas impugnaciones. Asimismo, los pedidos
formulados por el juez interviniente trajeron apareja- do que a fs. 53/55 se
presentase en autos el Estado Nacional, y que a fs. 70/75 hiciese lo mismo la
Provincia de Buenos Aires. En esa ocasión, esta última opuso excepciones
de incompetencia y de falta de legitimación activa y pasiva, posiciones
que determinaron, en definitiva, que a fs. 99/1011a Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmara
la declaración de incompetencia del juez interviniente, sobre la base
de la cual se estableció que la pretensión incumbía a la
jurisdicción originaria de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación
según lo previsto en el art. 117 de la Constitución Nacional.
A dichos fines sostuvo que el presente se trata de una "causa civil"
suscitada entre una provincia y vecinos de la Capital Federal; y que "el
concepto de causa civil no requiere que exista conflicto sino que debe entenderse
en general que alude a los procesos en que se deba- ten cuestiones de derecho
privado". También afirmó, entre los demás fundamentos
que sustentaron la confirmación del fallo de primera instancia, que "en
la medida en que el habeas data constituye una garantía que permite a
todos los habitantes acceder a las constancias de los archivos y controlar su
veracidad, protegiendo de esa forma el derecho al honor ya la privacidad o intimidad
de las personas, se está en presencia de una 'causa civil', en los términos
de la doctrina del Alto TribunaL." (ver fs. 99 vta.).
3) Que, por las razones y fundamentos que seguidamente se ex- pondrán,
la presente causa no corresponde a la competencia originaria de esta Corte Suprema
de Justicia de la Nación prevista en el art. 117 de la Constitución
Nacional.
4) Que cabe dilucidar en primer lugar si es procedente la acumulación
subjetiva de acciones que intenta la actora, pues sólo si se responde
a esa cuestión en forma afirmativa, resulta la necesidad de conciliar
las prerrogativas que asisten a los codemandados Estado Nacional y Provincia
de Buenos Aires, con el propósito de preservar la garantía de
los jueces naturales.
5) Que la demanda de Ana Cristina Santucho fue dirigida a obtener información
o datos sobre su padre, Mario Roberto Santucho, que habría sido abatido
en un procedimiento realizado por "fuerzas con- juntas" en julio de
1976. También solicitó información sobre cuál habría
sido el destino de su padre, dónde se hallaría su cadáver,
y reclamó conocer precisiones sobre su fallecimiento que pudiesen constar
en bases de datos de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas o
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (fs. 2/3). Como se advierte
claramente del objeto del proceso y de la pretensión de la actora, no
existe riesgo alguno de que los pedidos de informes den motivo a pronunciamientos
contradictorios, pues los organismos loca- les o federales sólo deberán
informar sobre los registros existentes en sus respectivas jurisdicciones.
6) Que, establecida la improcedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones,
cabe determinar si la acción dirigida contra la Provincia de Buenos Aires
por un vecino de otra provincia debe tramitar ante la jurisdicción originaria
de esta Corte en razón del propósito de ofrecer a los litigantes
la garantía de jueces que se encuentren al abrigo de toda influencia
y parcialidad. En este sentido, es doctrina del Tribunal que la jurisdicción
originaria de la Corte en razón de la distinta vecindad de las partes
litigantes exige el carácter de "causa civil" del litigio.
Por el contrario, quedan excluidos de tal jurisdicción los casos que
requieren para su solución la aplicación de normas de derecho
público local o el examen o revisión en sentido estricto de actos
administrativos de las autoridades provinciales, o legislativos de carácter
local (Fallos: 301:661; 310:1074, entre otros muchos).
7) Que en el sub examine y con independencia del nomenjuris que el actor ha
atribuido a su acción, es indudable que la pretensión consiste
en tener acceso a datos obrantes en registros oficiales, públicos o secretos,
del Estado provincial-en lo que respecta a la demanda dirigida contra la Provincia
de Buenos Aires- de donde pudiera resultar el fallecimiento y destino de la
persona desaparecida. Con el alcance indicado, se trata del cuestionamiento
de una omisión de autoridades públicas locales, comprendida en
el ejercicio de la función administrativa, respecto a la cual la actividad
judicial a realizarse versará sobre actos u omisiones de autoridades
públicas bajo la jurisdicción local. En consecuencia, y en virtud
del respeto debido a las autonomías provinciales, el proceso contra la
Provincia codemandada no debe tramitar en la instancia prevista en el art. 117
de la Constitución Nacional.
82) Que tampoco corresponde la radicación de estas actuaciones en la
instancia originaria en función de la competencia federal ratio- ne materiae,
pues ello procede en la medida en que la acción entabla- da se basa "directa
y exclusivamente" en prescripciones constitucionales de carácter
nacional, ley del congreso o tratados, de tal suerte que la cuestión
federal sea la predominante en la causa (Fallos: 318:992). Aun cuando el derecho
a la verdad halle directa vinculación en el sub lite con las garantías
que la Constitución Nacional acuerda ala vida y a la libertad de los
habitantes de la República, la afectación de tales derechos no
basta, por sí sola, para someter al fuero federal las causas litigios
as que resulten, principio que ha sido afirmado tanto en procesos de habeas
corpus como de amparo (Fallos: 26:233; 154:5). En autos no está en juego
la directa inteligencia del art. 43 de la Constitución Nacional pues,
sin perjuicio de la calificación de la acción que efectúe
el juez competente, se trata del ejercicio de una garantía de larga vigencia
jurisprudencial y legal. Por la demás, la causa abarca, como se ha dicho
en el considerando precedente, temas de índole local y de competencia
de los poderes provinciales.
Por ello, se resuelve:
I) No hacer lugar a la acumulación subjetiva de acciones pretendida por
la actora;
Il) No admitir la radicación de estas actuaciones en la jurisdicción
originaria de este Tribunal;
III) Hacer saber ala actora que, en la que se refiere ala acción interpuesta
contra la Provincia de Buenos Aires, deberá ocurrir por la vía
y forma correspondiente;
IV) En atención a la forma en que se decide, y por tratarse de una cuestión
novedosa, imponer las costas en el orden causado, con relación ala excepción
de incompetencia interpuesta a fs. 71, punto 5 (arts. 68, segundo párrafo,
y 69, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifiquese
y devuélvase junto con la documentación acompañada que
se encuentra reservada en la secretaría.
AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO -GUILLERMO A. F. LÓPEZ -GUSTAVO A. BOSSERT.-
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