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Fallo Rimondi, Ernesto s/ Acción de Amparo

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modelos contratos comerciales civiles penales
Jurisprudencia clasica, doctrina de la corte

Rimondi, Ernesto s/ Acción de Amparo.

Buenos Aires, agosto 22 de 1989.
Considerando: 1) Que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la decisión de la instancia anterior que rechazó "in limine" la acción de amparo presentada por Ernesto Rimondi contra la Empresa Nac. de Telecomunicaciones. Contra ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario, que fue concedido a fs. 58 en razón de haberse cuestionado el alcance e interpretación de normas federales (ley de amparo 16.986).
2) Que el apelante se agravia de que el a quo haya rechazado "in limine" la acción intentada (art. 3°, ley 16.986). Considera que es erróneo lo afirmado por la Cámara en el sentido de que el actor no habría mencionado expresamente el derecho que intentaba preservar por la vía del amparo. Sostiene, además, que el inferior ha violado la garantía del debido proceso al no permitirle acreditar en autos la conducta ilegítima de ENTel y al no dar traslado de sus planteos a la contraparte.
3) Que los agravios de fondo efectuados por el recurrente a lo largo del proceso, y reiterados en esta instancia extraordinaria, han sido los siguientes: a) el cobro de facturas por prestación del servicio telefónico, intentado por ENTel y cuyo monto considera exorbitante, sería ilegítimo pues el usuario no tendría posibilidad alguna de verificar la exactitud de las facturaciones presentadas por dicha empresa; b) el dec. 616/88 sería contrario a los arts. 67, inc. 28 y 86, inc. 2° de la Constitución Nacional pues habría modificado la base imponible del impuesto creado por el art. 43, punto 5° de la ley 23.549, que estableció un gravamen del 24% sobre el importe total de pulsos facturados al usuario por la prestación del servicio telefónico; c) ENTel habría actuado ilegítimamente al disponer la aplicación del citado impuesto respecto de períodos en los cuales la ley 23.549 no se encontraba aún en vigencia y d) ENTel habría invadido facultades del legislador al modíficar por sí la alícuota establecida por la ley citada.
Estas alegadas transgresiones de la demandada habrían originado, según el actor, facturaciones que, por su carácter exorbitante, afectarían su derecho de propiedad, reconocido en el art. 17 de la Constitución Nacional.
4) Que esta Corte tiene establecido que la sentencia que rechaza el amparo es asimilable a definitiva cuando se demuestra que lo decidido causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior (sentencia dictada en la causa "Christou, Hugo y otros c. Municipalidad de Tres de Febrero s/amparo", C. 1091. XX., del 19 de febrero de 1987, consid. 8° y sus citas Rev. La Ley, t. 1987D, p. 156).
En el "sub lite", el apelante ha satisfecho este requisito pues resulta enteramente verosímil su afirmación de que el empleo de las vías judiciales ordinarias no sería eficaz ante la concreta posibilidad de una interrupción por parte de ENTel del servicio telefónico.
En tal sentido, debe recordarse que la Corte Suprema, al elaborar por vía pretoriana la acción de amparo (Fallos t. 241, p. 291 Rev. La Ley, t. 92, p. 632), tuvo especialmente en cuenta la necesidad de una protección judicial rápida y eficaz de los individuos respecto del accionar de corporaciones de gran poder económico que suelen disponer, como ocurre en el caso, de un control monopólico sobre el mercado (ver, en sentido coincidente, los fallos de la Corte Suprema estadounidense en los casos "Jackson v. Metropolitan Edison Co." 419 U. S. 345, voto en disidencia del juez Marshall, págs. 365/374) y "Menphis Light, Gas and water Div. vs. Craft" (56 L. Ed. 2d. 30).
5) Que dicha circunstancia, a la que se suma la relación directa que existe entre la ley 16.986 invocada por el recurrente y la alegada violación de sus garantías constitucionales, determina la procedencia formal de la apelación extraordinaria (art. 14, inc. 3°, ley 48).
6) Que, entrando al fondo de la cuestión, resulta claro que el apelante, contrariamente a lo sostenido por el a quo, señaló expresamente cuáles eran los derechos que intentaba preservar por medio del amparo, como surge de la reseña de sus agravios efectuada en el consid. 3° de la presente.
Tampoco es correcta, en esta etapa del proceso, la afirmación del fallo apelado en el sentido de que no existe en autos una clara y directa violación a los derechos esenciales garantizados por la Constitución Nacional.
Para llegar a tal conclusión, atento la entidad de las infracciones constitucionales alegadas por el actor, resultaba necesario dar traslado a la contraparte y abrir la causa a prueba a efectos de que ENTel tuviera la oportunidad de acreditar la exactitud de sus facturaciones.
7) Que, en tales condiciones, al no existir en autos las circunstancias que permitan el rechazo "in limine" de la acción intentada, cabe concluir que no correspondía la aplicación al caso del art. 3° de la ley 16.986, lo cual lleva a descalificar el fallo apelado.
Por ello, se deja sin efecto la sentencia apelada. José S. Caballero (en disidencia). Augusto C. Belluscio. Carlos S. Fayt (en disidencia). Enrique S. Petracchi. Jorge A. Bacqué.
Disidencia de los doctores Caballero y Fayt:
Que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata concedió el recurso extraordinario interpuesto por el actor sin examinar, circunstanciadamente, si los agravios que el apelante fundó en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias y en la violación de garantías constitucionales, eran atendibles.
Que, en tales condiciones, resultan nuevamente aplicables al "sub examine" las consideraciones efectuadas por esta Corte al fallar las causas S. 487. XXI. "Spada, Oscar y otros c. Díaz Perera, E. A. y otros s/ejecución de honorarios", y C.837.XXI. "Cima, S.A. c. Municipalidad de Bahía Blanea s/demanda contenciosoadministrativa" el 20 de octubre y el 17 de noviembre de 1987, respectivamente (Rev. La Ley, t. 1988B, ps. 572 y 578) a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse en razón de brevedad; sobre todo si se tiene en cuenta que no se halla involucrada en la apelación federal, tal como lo sostiene el a quo, la interpretación de ninguna de las normas que integran la ley 16.986, que reglamenta la acción de amparo (causa H.71.XXII., "Hubicki, José c. ENtel s/acción de amparo", fallada el 9 de marzo de 1989).
Por ello, se declara la nulidad de la resolución por la que se concedió el recurso extraordinario. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que se dicte una nueva decisión sobre el punto. José S. Caballero. Carlos S. Fayt-

 


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